La colonia peruana en Europa ha lanzado un nuevo llamado de auxilio que el Estado no puede dejar de atender. Se trata de contribuir a mejorar la calidad de vida de aproximadamente un millón 200 mil compatriotas que radican en España, Italia, Francia, entre otras naciones del Viejo Continente, en medio de múltiples problemas y penurias.
No es la primera vez que los migrantes, que salieron del país en busca de mejores condiciones de vida, piden que el Perú no se olvide de ellos. En este caso, sin embargo, resulta meritorio que se hayan agrupado y organizado en diversas federaciones y asociaciones, que no solo quieren sanear la situación legal de sus miembros, sino trabajar corporativamente para enfrentar cualquier tipo de práctica discriminatoria en perjuicio de ellos.
Es claro que el Estado Peruano no puede interferir en las políticas europeas sobre inmigración, en respeto a la autonomía inherente de cada gobierno. Sin embargo, sí podría interceder ante cada uno de ellos —o ante la Unión Europea— para solicitar un mejor trato a nuestros connacionales, frente a las frecuentes denuncias sobre prácticas ilegales, xenófobas y racistas, que en la mayoría de los casos no se difunden por temor a represalias. La situación de los latinoamericanos en el resto del mundo salió a relucir en la VI Cumbre América Latina y el Caribe-Unión Europea (ALC-UE), que se realizó en mayo pasado en Madrid (España). No obstante, recordemos también que allí solo se consiguió una declaración final que reveló una verdad de Perogrullo: que la inmigración ha sido positiva. Nada se dijo del trato discriminatorio que reciben los migrantes, pese a que ese problema que destacado por varios de los presidentes asistentes a la cita.
Pero nuestros compatriotas tienen otras exigencias. Por ejemplo, el Gobierno Peruano podría poner el aparato estatal al servicio de aquellos inmigrantes que necesitan homologar sus títulos profesionales, un trámite que si bien ha mejorado aún es largo, engorroso y costoso. No se puede desconocer el avance que ha significado la adhesión del Perú al Convenio de la Apostilla de La Haya, instrumento internacional que permite facilitar la legalización de documentos públicos para utilizarlos aquí o en el extranjero.Sin embargo, ahora hay que aplicarlo plenamente, por ejemplo en España, que mantiene con el Perú acuerdos de doble nacionalidad y donde radican 300 mil peruanos.
Otra demanda radica en la postergada creación de una circunscripción electoral en distrito universal de peruanos en el exterior, un tema que el Congreso no ha querido aprobar. Igualmente, resulta atendible la propuesta de realizar campañas de imagen y de defensa de los derechos de los migrantes, tarea que bien podrían solventar entidades como Prom-Perú.
Como comprobó El Comercio, en la audiencia pública que realizó en Madrid el año pasado, los peruanos que viven en Europa reclaman mayor atención por parte del Gobierno, incluso a través de un ministerio de migraciones. Lo cierto es que en un mundo globalizado, donde la comunicación ha contribuido a la desaparición de las fronteras, el acercamiento con nuestros connacionales es urgente. El Estado tiene que comprometerse con su inserción plena en aquellos países que los acogen, dentro del marco legal nacional e internacional.
Editorial de El Comercio
29/06/10
